Amnistía Internacional: ‘La crisis no debe provocar una tragedia humana’

El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Sheltty, ha visitado por primera vez España para instar al Gobierno a que su política de ajuste ante la crisis no recorte derechos humanos. Sheltty se ha reunido con miembros del Ejecutivo y los principales grupos de la oposición, a quienes ha entregado una agenda con 35 puntos para desarrollar una política de protección de estos derechos. “España está en un momento controvertido debido a la gran envergadura de la crisis que atraviesa“, ha explicado. “Por ello es fundamental que en esta nueva legislatura el Gobierno prorice derechos como el acceso a la salud y a protección de la vivienda”.

Sheltty ha querido destacar primero aquellos puntos respecto a los que los representantes del Gobierno se han mostrado más favorables. Uno de ellos, el acceso a la Salud. “Se ha vulnerado claramente en Galicia y Murcia. Han bloqueado las tarjetas de la Seguridad Social a inmigrantes y parados de larga duración”, ha denunciado. “La falta de recursos económicos no es una excusa para atentar tan claramente contra el derecho a la Salud. Nos han prometido tenerlo en cuenta. Y nosotros estaremos vigilando que así sea”, ha subrayado Sheltty.

“El caso de Abdul y Fátima, en la Cañada Real, es un testimonio impactante que no se espera de un país desarrollado como España”, se ha quejado Sheltty. Con este ejemplo pretenden poner de relevancia la vulneración sistemática de los derechos de los ciudadanos, “sobre los que parecen prevalecer otros intereses como el desarrollo urbanístico, hecho que es intolerable”. El líder de AI se ha mostrado satisfecho por el compromiso verbal que España ha mostrado para que “un desalojo forzoso sea el último recurso, y no el primero”.

Respecto a los inmigrantes, las reivindicaciones de la ONG se han dividido en dos ámbitos. El primero, el de la petición de identificación y controles. “Tenemos muchas pruebas de que las fuerzas de seguridad españolas se basan en la etnia o la raza”. El Gobierno ha explicado que ha emitido una orden verbal para que esta práctica racista no se vuelva a repetir, “pero las palabras son insuficientes. Exigimos que esta prohibición se haga por escrito”. También se han mostrado contrario a la gestión que España hace respecto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), aunque el Secretario de Estado de Ministerio del Interior se ha comprometido a elaborar un reglamento para introducir mejoras.

Otro tema controvertido ha sido el de la “nueva situación en el País Vasco”. Amnistía considera que “en este nuevo escenario es fundamental tener los derechos humanos como hoja de ruta”. Reclaman, por tanto, que no haya espacio “para la impunidad” ni para “los graves abusos y violaciones cometidos por ETA, pero también por las fuerzas de seguridad del Estado”. Sheltty ha denunciado que la Ley de Partidos, así como los artículos 571 al 580 del Código Penal, son muy “vagos” en su definición de terrorismo. “Esto contribuye a que una persona o un partido que no abogue por la violencia pueda ser considerado terrorista”.

Amnistía Internacional también ha querido recordarle al Gobierno que debe investigar las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo. “Hay que garantizar a las víctimas el acceso a la verdad, la justicia y la reparación, tres garantías que no pueden plantearse por separado”. A pesar de haber hablado con miembros del equipo de la Fiscalía General del Estado y con miembros del Gobierno “no hemos podido llegar a ninguna conclusión concreta en esta materia”.

Respecto a política exterior, Amnistía Internacional se ha centrado en las relaciones internacionales y la venta de armas. Respecto al primer problema, Sheltty ha subrayado que las relaciones “amistosas” que ha tenido España con Túnez, Siria o Egipto debe “alertarlos para que no prevalezcan las buenas relaciones comerciales sobre la violación de derechos de un país determinado”.

También ha querido mencionar especialmente a Marruecos, ya que fue el primer país que visitó Rajoy después de ser nombrado presidente. “Este es un país donde la norma internacional de derechos humanos no es respetada, como demuestran en la práctica”. España, ha dicho, debe instar a que se respeten estos derechos en su relación con cualquier país, “sin necesidad de que la gente tenga que salir a la calle”.

Una cuestión clave para la organización humanitaria es el Tratado sobre Comercio de Armas que se discutirá en julio en la ONU. “Esperamos que se concrete la prohibición de transacciones comerciales con países que violen los derechos humanos y que tanto España como Alemania, Francia o Estados Unidos se adhieran a él”, ha declarado Sheltty.

A pesar de que aún no hay un acuerdo al respecto, AI ha querido alertar a España sobre el impacto negativo que tendría que la venta de armas a países como Arabia Saudí. “Tenemos indicios de que se ha establecido ya una relación comercial entre ambos países. De llevarse a cabo, España estaría contribuyendo a la vulneración de derechos como la vida o la integridad física de las personas”.

María Cappa | Madrid
http://www.elmundo.es

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