La Corte Penal Internacional cumple diez años

Cada día, uno tras otro, Amnistía Internacional denuncia violaciones de derechos humanos que se cometen en todos los rincones del mundo: torturas, ejecuciones, represión. No es el trabajo más agradable, aunque puede que sea el más necesario. Así que de vez en cuando está bien tener algo que celebrar.

Ayer, 1 de julio, lo que celebramos es el décimo aniversario de la Corte Penal Internacional (CPI). Ese mismo día se establecía en 2002 el primer tribunal penal internacional permanente, responsable de llevar ante la justicia a los autores de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Fue una gran esperanza para las víctimas de estos delitos. Hoy, a pesar de todas las dificultades, los perpetradores tienen menos lugares donde esconderse.

Cuando hay criminales, hay víctimas. Víctimas como Hawa, secuestrada y violada en público en Sierra Leona en 1992. Mataron a todos sus hijos. Hoy con 70 años, vive sola, dolorida y avergonzada. O como Jusu Jarka, a quienes combatientes del Frente Revolucionario Unido le amputaron las manos en Freetown. O Randa Salha, madre de siete hijos, muerta en Gaza junto a cuatro de ellos cuando las fuerzas israelís bombardearon su casa durante la operación “Plomo Fundido”. No ha habido investigación sobre sus casos ni han recibido justicia ni reparación de ninguna clase.

Por Hawa, por Jusu y por Randa, necesitamos una Corte Penal Internacional fuerte y operativa durante muchos años más.

Consolidar la capacidad de la Corte va a necesitar el apoyo de muchas personas. Más de 38.000 han pedido ya a Naciones Unidas que haga todo lo posible por detener a 11 fugitivos -entre ellos Joseph Kony en Uganda, Bosco Ntaganda en República Democrática del Congo o el presidente sudanés Omar al-Bashir- y por llevarlos ante el tribunal. Porque ya sabemos que hacerlo juntos es, de hecho, la única manera de hacerlo.

Lo hemos aprendido en esta última década, cuando quedó claro que una institución como la CPI no iba a surgir por generación espontánea. De hecho, nació tras una larga campaña impulsada por víctimas y organizaciones no gubernamentales de todo el planeta, que dio origen a un movimiento de la sociedad civil que traspasó fronteras, la Coalición por la Corte Penal Internacional. A él pertenecen ahora 2.500 organizaciones de 150 países.

Al cabo de 10 años, la CPI es una institución completamente operativa, que investiga asuntos en siete países: Sudán (Darfur), República Democrática del Congo, Uganda, República Centroafricana, Kenia, Costa de Marfil y Libia. Además, su nueva Fiscal, Fatou Bensouda, tendrá que decidir si abre otras investigaciones en Afganistán, Colombia, Georgia, Guinea, República de Corea, Honduras y Nigeria.

En un mundo en el que cada partido Madrid-Barça se califica de “histórico”, hay fechas que lo son de verdad. Como la del 14 de marzo de 2012, cuando la Corte dictó su primera sentencia, declarando a Thomas Lubanga Dyilo culpable del uso de niños y niñas soldados en la República Democrática de Congo. Un hito de la justicia internacional. O de la justicia a secas.

Además, varios jefes o ex jefes de Estado, como el sudanés Omar Al Bashir, el libio Muamar al Gadafi y el marfileño Laurent Gbagbo, han aparecido en órdenes de detención de la CPI, transmitiendo así el mensaje de que ninguna persona está por encima de la ley.

Pero estos diez años también han sido tiempo suficiente para evidenciar lo que no funciona respecto a la CPI.

Aunque 121 Estados han ratificado el Estatuto de Roma, todavía hay países que se niegan a someterse a su jurisdicción, como Estados Unidos, China, Rusia, India, Israel o Irán. Por eso muchas víctimas de delitos cometidos en países que no son Estados Partes no tienen acceso a la justicia.

El Consejo de Seguridad de la ONU podría remitir esos casos a la Fiscalía de la CPI, pero en demasiadas ocasiones no lo ha hecho, demostrando una vez más su ineficacia.Tampoco ha sido capaz de actuar ante lo que está pasando en Siria, a pesar de lasdenuncias sobre los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo allí.

La Corte ha conseguido grandes éxitos, pero necesita que los Estados le presten apoyo de dos tipos: político -ejecutando las órdenes de detención, comprometiéndose a que los condenados cumplen condena o cooperando en la protección de testigos- yeconómico -haciendo aportaciones a su fondo fiduciario-. Para que las víctimas puedan recibir disculpas oficiales y públicas, sí, pero también indemnizaciones que les ayuden a transformar su vida y oportunidades para restaurar su dignidad.

Visto en http://blogs.elpais.com/3500-millones
Esta entrada ha sido escrita por Celia Zafra Cebrián, de Amnistía Internacional.

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