El Tratado sobre el Comercio de Armas es un gran paso, pero es sólo un primer paso

Por Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH).

imagesCAA4SXK9La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 2 de abril de 2013 el proyecto de resolución L.58 que contiene como anexo el Tratado sobre el Comercio de Armas. Votaron a favor 154 Estados (entre ellos España y Estados Unidos). Se registraron tres votos en contra (Corea del Norte, Irán y Siria) y 21 abstenciones (entre otros Bielorrusia, Bolivia, China, Cuba, Ecuador, Egipto, India, Indonesia, Nicaragua, Rusia y Venezuela). El tratado estará abierto a la firma y ratificación a partir del 3 de junio de 2013 en Nueva York y entrará en vigor  cuando obtenga 50 ratificaciones, lo que se estima que requerirá dos años más.

Se trata de una iniciativa impulsada desde hace diez años por una amplia coalición de 1.000 organizaciones de la sociedad civil y secundada por varios Estados. Lo más destacado del tratado es que prohíbe a los Estados parte vender armas convencionales —incluidas las pequeñas y ligeras— a otros Estados en los que se corra el riesgo de que se produzcan crímenes de genocidio, guerra o lesa humanidad. Fuera de esas hipótesis, el tratado legitima la venta internacional de armas entre Estados.

El macabro negocio de las armas puede mover 100.000 millones de dólares al año. Sin duda, el nuevo tratado es un primer paso hacia el desarme, porque pondrá freno a las transferencias de armas que fomentan las peores atrocidades y abusos. Pero es insuficiente, porque no prohíbe la venta de municiones de manera completa ni la venta de armas a entidades no estatales. Además, la supervisión de la aplicación del tratado se deja en manos de la Conferencia de Estados parte.

El derecho al desarme general y completo bajo supervisión de las Naciones Unidas va un paso más allá y es un componente esencial del emergente Derecho Humano a la Paz, que actualmente está siendo impulsado por la sociedad civil y algunos Estados con el objetivo de que la Asamblea General apruebe a finales de 2014 la Declaración Universal del Derecho Humano a la Paz.

Este derecho pretende ir más allá de lo establecido en el Tratado sobre el Comercio de Armas. En virtud del mismo se deberá regular no solamente la venta, sino también la producción misma de armas. Además, el proyecto de declaración que actualmente se encuentra en curso de negociación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, contempla la reducción del gasto militar de los Estados al nivel mínimo necesario para garantizar la seguridad humana, así como la eliminación de las armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares, químicas y biológicas. Por último, los recursos liberados por el desarme se deberán destinar al desarrollo económico y social de los pueblos y a la justa redistribución de las riquezas naturales.

Estas cuestiones son ampliamente abordadas en el libro “El derecho humano a la paz: de la teoría a la práctica”, recientemente publicado por CIDEAL, en el que destacados juristas impulsores del reconocimiento de este derecho en el seno de las Naciones Unidas nos ofrecen una interesante aproximación a la cuestión tanto desde la perspectiva teórica como desde el análisis de casos reales respecto a las realidades de América Latina y, más concretamente, de Guatemala y México.

¿SI QUIERES LA PAZ, PREPARA LA GUERRA?”: NO. El mundo necesita con apremio, por exigencias de justicia y de solidaridad intergeneracional, ocuparse de los grandes desafíos sociales y medioambientales. Tengo la esperanza de que, en breve, con la movilización popular que permiten las TIC, el derecho humano a la paz favorezca el desarme y la resolución de los conflictos por la mediación y la conciliación. “Si quieres la paz, prepara la paz”, y se producirá la inflexión histórica de la fuerza a la palabra (Federico Mayor Zaragoza, extracto del prólogo de “El derecho humano a la paz: de la teoría a la práctica”).

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