América Latina y el Caribe concentran buena parte de las reservas mineras a nivel global, además de la mayor diversidad biológica del planeta, el 12% de la superficie cultivable, la quinta parte de los bosques y un tercio de las reservas de agua dulce de la Tierra.
Sin embargo, esta riqueza no siempre se ha traducido en un proceso de desarrollo económico capaz de generar beneficios a largo plazo.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea promover la gobernanza de los recursos naturales —entendida como el conjunto de políticas soberanas de los países sobre la gestión de la propiedad de estos recursos y la apropiación y distribución de las rentas derivadas de su explotación—, con el objetivo de maximizar la contribución de esta riqueza al desarrollo sostenible.
Para ello, propone algunas recomendaciones concretas:
- Adaptar con criterios de progresividad el porcentaje de las rentas que recibe el Estado por la explotación de los recursos naturales.
- Desarrollar mecanismos institucionales para la inversión creciente de esas rentas para las generaciones futuras.
- Impulsar una política de Estado que propicie un cambio estructural con una diversificación productiva a largo plazo.
Además, plantea la CEPAL que para obtener ingresos derivados de la exportación de los productos provenientes de los recursos naturales, los Estados pueden emplear instrumentos fiscales (impuesto a la renta, pago de regalías, etc.) y participar en su explotación, por medio de empresas públicas o de acciones en otro tipo de compañías.
Una gobernanza adecuada de los recursos naturales podría contribuir a generar la riqueza necesaria para que América Latina y el Caribe implementaran un proceso de desarrollo económico con garantías para la región.